Engañaban a mujeres con falsas promesas y las obligaban a prostituirse: nueve venezolanos se declaran culpables en Nashville

La investigación dio inicio desde el 2022 y según las autoridades madre e hijo eran los líderes de la organización.
Publicado: 16 jul 2026, 09:13 GMT-5|Actualizado: hace 9 horas

NASHVILLE, Tenn. (Telemundo Nashville)- Nueve ciudadanos venezolanos se declararon culpables en un tribunal federal por su participación en una organización de trata sexual que captaba mujeres vulnerables en Venezuela con falsas promesas de empleo, las trasladaba ilegalmente a Estados Unidos y las obligaba a ejercer la prostitución para pagar supuestas deudas de contrabando, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con los documentos judiciales, la organización operó entre 2022 y 2024 y estaba integrada por miembros de una misma familia y varios colaboradores. Los líderes identificados por las autoridades fueron Yilibeth Carmen Rivero de Caldera y su hijo Kleiver Daniel Mota Rivero, quienes coordinaban el reclutamiento de las víctimas, su ingreso irregular al país y la explotación sexual en el área de Nashville.

Según la investigación, los acusados contactaban a mujeres en Venezuela ofreciéndoles empleos legítimos en Estados Unidos. Una vez aceptaban la oferta, organizaban su traslado hacia territorio estadounidense mediante una red de tráfico de personas.

Al llegar a Nashville, las víctimas eran informadas de que tenían una deuda mucho mayor por el costo del viaje y que únicamente podrían saldarla ofreciendo servicios sexuales. Los fiscales señalaron que las mujeres eran sometidas a amenazas, intimidación, agresiones físicas y abuso psicológico para impedir que escaparan o denunciaran a sus explotadores.

Yilibeth Rivero de Caldera, una de los ochos venezolanos acusados en Tennessee de trata de personasy de presunta vinculación con el Tren de Aragua.(TBI)

Las autoridades federales detallaron que la red alquilaba habitaciones en hoteles y moteles de Nashville para alojar a las víctimas y recibir a los clientes. Además:

  • Publicaban anuncios de prostitución en internet.
  • Coordinaban las citas con los clientes por teléfono.
  • Transportaban a las víctimas hasta los lugares donde ocurrían los encuentros sexuales.
  • Recaudaban el dinero obtenido por la explotación.
  • Lavaban las ganancias mediante transferencias y otros mecanismos financieros.

La investigación reveló que las mujeres eran mantenidas bajo un estricto sistema de control. Los integrantes de la organización utilizaban amenazas y violencia para obligarlas a continuar trabajando y evitar que abandonaran la red.

Las autoridades señalaron que las víctimas permanecían atrapadas por las deudas impuestas por los traficantes y por el temor a sufrir represalias contra ellas o sus familiares.

Los nueve acusados aceptaron su responsabilidad en distintos delitos relacionados con trata de personas con fines de explotación sexual, conspiración y tráfico de personas. Las sentencias serán dictadas en fechas posteriores por un juez federal. Cada uno enfrenta penas que podrían representar varios años de prisión, dependiendo de los cargos específicos y de las directrices federales de sentencia.

El Departamento de Justicia identificó a los nueve ciudadanos venezolanos que se declararon culpables y detalló los cargos que enfrenta cada uno:

  • Yilibeth Carmen Rivero de Caldera, señalada como una de las líderes de la organización, se declaró culpable de conspiración para cometer trata sexual, conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos con fines de lucro y conspiración para lavado de dinero.
  • Kleiver Daniel Mota Rivero, hijo de Rivero y presunto codirector de la red, se declaró culpable de conspiración para cometer trata sexual, conspiración para introducir extranjeros con fines de lucro y conspiración para lavado de dinero.
  • Frankyanna Del Valle Romero Rivero se declaró culpable de conspiración para cometer trata sexual, conspiración para introducir extranjeros con fines de lucro y conspiración para lavado de dinero.
  • Endrik Alexander Morales Rivero se declaró culpable de conspiración para cometer trata sexual, conspiración para introducir extranjeros con fines de lucro y conspiración para lavado de dinero.
  • Jesús Enrique Castillo Rodríguez se declaró culpable de conspiración para cometer trata sexual y conspiración para lavado de dinero.
  • Ariannys Beatriz Gutiérrez Carrillo se declaró culpable de conspiración para cometer trata sexual.
  • Yuribetzi Del Valle Gómez Machuca se declaró culpable de conspiración para cometer trata sexual.
  • Ramón De Jesús Velásquez Martínez se declaró culpable de conspiración para cometer trata sexual.
  • Wilmarys Del Valle Manzano Solórzano se declaró culpable de conspiración para introducir extranjeros a Estados Unidos con fines de lucro y conspiración para lavado de dinero.

Según la investigación, Rivero de Caldera y Mota Rivero dirigían la organización criminal. Además de coordinar el ingreso ilegal de las víctimas y su explotación sexual en moteles del área de Nashville, ambos, junto con Ramón De Jesús Velásquez Martínez, utilizaban amenazas de violencia e incluso armas de fuego para intimidar a las mujeres y obligarlas a permanecer en la red. Los fiscales también señalaron que Mota hacía creer a las víctimas que tenía vínculos con una pandilla carcelaria venezolana y hablaba abiertamente de una condena previa por homicidio en Venezuela para infundirles miedo.

El Departamento de Justicia indicó que Rivero de Caldera, Mota Rivero, Romero Rivero, Morales Rivero, Castillo Rodríguez, Gutiérrez Carrillo, Gómez Machuca y Velásquez Martínez enfrentan delitos cuya pena máxima puede alcanzar cadena perpetua, mientras que Manzano Solórzano enfrenta cargos con una pena máxima de 20 años de prisión.

El Departamento de Justicia destacó que el caso representa un importante golpe contra las organizaciones dedicadas a la trata de personas y reiteró que continuará persiguiendo a quienes exploten a personas vulnerables mediante engaños, violencia o coerción.

La investigación fue realizada por el departamento de investigación nacional con apoyo de otras agencias federales y locales. Los fiscales subrayaron que la trata de personas continúa siendo uno de los delitos transnacionales más lucrativos y que este caso demuestra la importancia de la cooperación entre agencias para identificar, rescatar a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.